La nueva nación - conviene advertirlo - surgió desarmada al carecer de ejército permanente. Esa situación, insólita en el contexto internacional, privaba al Estado de uno de sus atributos más notables, el ejercicio exclusivo de la capacidad coercitiva como garantía de la defensa externa, de la protección del orden constitucional y del mantenimiento del régimen social establecido.
El superávit comercial cubano con los Estados Unidos pasó de 3. 7 millones de pesos en 1902 a 33.2 millones en 1909 y a 237 millones en 1920, para caer a continuación a la mitad en los primeros años veinte y por debajo de los 60 millones de media anual en la segunda parte de la década, aunque hubo años, como 1927, en que ascendió a 96.2 millones.
En la primera época la conflictividad política tuvo su origen en la estructuración del sistema de partidos, el reconocimiento de las reglas de juego referidas a la alternancia y la inclusión diferenciada o subordinada de la población negra en el sistema republicano.
La medida libraba a la población de la prestación del servicio militar, del que no existía tradición en la isla, a la Hacienda de este tipo de gastos y a todos de la tentación militarista que tan graves consecuencias había tenido en el continente americano.
Pero la ausencia de un ejército regular dejaba indefenso al país y a sus autoridades y, por lo tanto, supeditados a todos en caso necesario a la colaboración interesada de sus auxiliadores, los Estados Unidos, que mediante la Enmienda Platt a la Constitución veían reconocidas facultades extraordinarias de supervisión e intervención, a la que a continuación nos referiremos.
El acuerdo de reciprocidad comercial suscrito por el gobierno cubano con los Estados Unidos en 1903 otorgaba ventajas a los intercambios entre ambos países. De una vez, el Tratado parecía resolver el problema de la exportación de dulce al principal mercado de la isla al reducir un 20% los derechos de entrada del azúcar crudo en aquel país, concediéndole un trato preferencial sobre los restantes proveedores.
La contrapartida, insuficientemente equitativa, otorgaba a las importaciones norteamericanas rebajas arancelarias de hasta el 40% a costa de las cuotas de mercado de los restantes proveedores, principalmente España, y en detrimento del desarrollo de la industria doméstica. Las consecuencias del tratado se hicieron notar de inmediato:
En 1909 las exportaciones de azúcar cubano habían crecido un 38% respecto a 1903 y las importaciones norteamericanas habían pasado desde el 40% al 50% del total importado; en 1914 los artículos de procedencia norteamericana representaban el 58% de las compras exteriores, porcentaje que en las condiciones excepcionales de la primera guerra mundial ascendió hasta el 76%.
El Tratado de Reciprocidad recuperaba y ampliaba los términos del acuerdo hispano-norteamericano de 1891, dejando fuera, claro está, los intereses de la antigua metrópoli, términos reafirmados en 1895 y sostenidos por la mayoría de los sectores económicos cubanos antes y después de la guerra. En poco tiempo las exportaciones de azúcar se multiplicaron y el país volvió a disponer del notable saldo favorable en la balanza comercial del que había dispuesto en el pasado.
El superávit comercial cubano con los Estados Unidos pasó de 3. 7 millones de pesos en 1902 a 33.2 millones en 1909 y a 237 millones en 1920, para caer a continuación a la mitad en los primeros años veinte y por debajo de los 60 millones de media anual en la segunda parte de la década, aunque hubo años, como 1927, en que ascendió a 96.2 millones.
En esta última fecha, Cuba era el segundo país latinoamericano por volumen de inversión de los Estados Unidos, a corta distancia de México, estaba a la cabeza en valor de exportaciones a aquel mercado y era la segunda nación importadora de bienes norteamericanos. En términos porcentuales colocaba en su vecino el 79.1 % de sus ventas y adquiría en él el 61.8% de sus compras.
La vinculación económica no podía ser más estrecha, ni dependiente para el socio más débil. El Tratado de 1903 tenía otras consecuencias poco halagüeñas, pues además de poner freno a la incipiente industria local, creaba las condiciones para la inversión extranjera a gran escala una vez había resuelto el problema de la comercialización del fruto en el exterior.
Estas inversiones sirvieron para reconstruir con gran rapidez la industria azucarera y darle un nuevo impulso, promoviendo la modernización y ampliación de las instalaciones y favoreciendo la concentración agraria que había comenzado a producirse en las décadas finales de la colonia.
Debido a la carencia de capitales en manos de los pequeños y medianos cultivadores después de la guerra, y ante la ausencia de una política crediticia pública que paliara esa situación, la apertura al capital exterior fue la fórmula escogida para impulsar el crecimiento económico sin incurrir en el déficit o el endeudamiento que hubiera comportado el recurso al crédito oficial.
Pero esta opción dejó inerme la estructura social agraria a la penetración norteamericana, desmantelando el tejido social campesino a favor del latifundio y el peonaje. En 1922 el 59% de la producción azucarera de la isla salía de los centrales de propiedad norteamericana, que ocupaban inmensos latifundios.
El país conoció un destacado despegue de su producto interior bruto y de la renta per cápita, las principales ciudades se modernizaron mientras las zonas agrarias quedaban muy rezagadas y un gran flujo de inmigrantes, españoles y antillanos, arribó a la isla.
Los grandes consorcios económicos que se instalaron en el país protegidos por los acuerdos establecidos y en última instancia por el gobierno de Washington, sin embargo, representaron un menoscabo de la vida económica nacional, una parte de la cual pronto quedó unida a dichos intereses. La república nacida en 1902 cobijó dos ciclos económicos perfectamente definidos.
El primero, expansivo, basado en las exportaciones de azúcar, culminó en una coyuntura excepcional de 1915 a 1920 propiciada por la guerra mundial. El segundo ciclo se inició en 1920-1921 con una grave crisis económica que inauguró una larga etapa de recesión, agravada por la crisis de 1930-1934.
En la primera época la conflictividad política tuvo su origen en la estructuración del sistema de partidos, el reconocimiento de las reglas de juego referidas a la alternancia y la inclusión diferenciada o subordinada de la población negra en el sistema republicano.
Los episodios más graves, fueron, en ese sentido, la sublevación liberal de 1906 (la "guerrita de agosto"), que condujo a la segunda intervención norteamericana (1906-1909), la sublevación en 1912 del Partido Independiente de Color (la "guerrita de razas") y la nueva rebelión liberal de 1917 en protesta por el fraude electoral perpetrado en la reelección de García Menocal (la "Chambelona").
A partir de 1909, coincidiendo con la presidencia de William H. Taft, ex secretario de Guerra y gobernador interino de Cuba en 1906, Estados Unidos practica en Cuba la "injerencia preventiva", de efectos humillantes hacia el país.
La segunda época se inaugura con el gobierno de Alfredo Zayas en 1921, quien administra la crisis y derrocha los anunciados propósitos regeneradores en una de las administraciones más corruptas que se conocen. Son los años, además, en los que Enoch H. Crowder ejerce un innominado proconsulado en el país en calidad de enviado especial del presidente de los Estados Unidos y más tarde como embajador.
En medio del desengaño, la demanda de revitalización pasa a ser asumida por una nueva generación de intelectuales, profesionales, trabajadores y estudiantes universitarios frente a los abusos del momento y el populismo cooperativo del presidente Gerardo Machado, en deriva desde 1927 hacia una sangrienta dictadura. (Fin de la segunda parte)
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