EL 20 de mayo de 1902 se proclamó la República de Cuba mediante un acto de transmisión de soberanía de la potencia ocupante a las autoridades electas por el pueblo cubano. Nacía un nuevo estado en el concierto de las naciones americanas.

Y lo hacía después de haber librado tres guerras de independencia en el espacio de treinta años que habían servido para expresar la voluntad de autogobierno de los cubanos y para minar el dominio español, pero no habían bastado para proporcionar directamente la libertad a la isla.

La intervención de los Estados Unidos en el conflicto en 1898 había precipitado la derrota española y reservaba a ese país un papel dirimente en el presente y en el futuro inmediato de la Mayor de las Antillas, y de paso, en las restantes posesiones hispanas que pasaban a convertirse en colonias norteamericanas. 

El nuevo Estado de Cuba disponía de una Constitución democrática que había sido elaborada por la Asamblea Constituyente un año antes. Contaba, además, con un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno interventor entre 1899 y 1902 destinadas a atender los principales problemas relacionados con la reconstrucción del país, aunque también a orientarlo políticamente. 

Los cubanos pudieron elegir nuevas autoridades municipales en junio de 1901 -las habían elegido mediante sufragio restringido justo un año antes- y acudieron a las urnas el 31 de diciembre de ese mismo año para elegir representantes a la Cámara, gobernadores, consejeros provinciales y los compromisarios que debían participar en la designación del presidente de la república, de su vicepresidente y de los senadores.

El 24 de febrero, tras la retirada de una de las dos candidaturas que optaban al máximo cargo, Tomás Estrada Palma, quien fuera presidente de la República en Armas en 1876-77 y delegado del Partido Revolucionario Cubano por expreso designio de José Martí, fue proclamado primer mandatario del país.

La República nacía en Cuba con una ley fundamental que ordenaba la vida política y reconocía los principales derechos de los ciudadanos, entre ellos los de reunión y asociación, opinión e imprenta, petición, habeas corpus, inviolabilidad de las comunicaciones y del domicilio , residencia y libertad de culto; la enseñanza era declarada obligatoria y mientras no pudiera asumirla el Estado lo harían los municipios y las provincias; quedaba garantizada la igualdad política y el sufragio universal para los varones mayores de 21 años. 

Siguiendo el modelo norteamericano, la Constitución adoptó un sistema representativo que otorgaba amplias competencias a la Presidencia a la vez que promovía la descentralización administrativa sobre la base de las provincias, solución de compromiso que evitaba el federalismo y daba continuidad al espíritu federante contemplado en las constituciones de 1869 y 1895. 

El Legislativo se organizaba en dos cámaras, la de Representantes, renovada cada cuatro años por sufragio directo, y el Senado, integrado por cuatro senadores de cada provincia, elegidos en segundo grado para ocho años por un colegio formado por los Consejos provinciales y doble número de compromisarios, salidos la mitad de entre los mayores contribuyentes y la otra mitad de entre quienes reunieran condiciones de capacidad. Se combinaba de este modo el principio de igualdad en la cámara baja con un criterio elitista basado en la riqueza y en la preparación profesional, claramente heredado del sistema político español. 

El Presidente sería elegido por sufragio indirecto para un periodo de cuatro años, dándose la posibilidad de reelección por un segundo mandato (art. 66: "nadie podrá ser Presidente en tres períodos consecutivos"). El Senado era el órgano competente para juzgar políticamente al presidente y decidir, en su caso, su destitución. 

 El gobierno de las provincias quedaba en manos de un Gobernador de elección directa y de un Consejo provincial. 1 Al nacer la República, Cuba disponía de unas condiciones políticas y económicas mucho más favorables de las que habían gozado la inmensa mayoría de las naciones americanas ochenta o noventa años antes. 

La época en que tenía lugar la proclamación de la independencia, de entrada de las masas en la política institucional, la larga lucha invertida en su logro, los ideales demócratas martianos que habían reunido a las dispersas fuerzas nacionales y la movilización popular desplegada impidieron que prosperase la anexión a los Estados Unidos, o que el régimen democrático fuera sacrificado a las fórmulas liberal-doctrinarias que habían dominado el panorama político del siglo XIX y que todavía subsistían en numerosos países de América Latina y Europa. (Fin de la primera parte)

Fuente: José Piqueras. Universitat Jaume I