El Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander Granko Arteaga, ha ido ascendiendo en la nomenclatura de la inteligencia chavista hasta desempeñarse al frente de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección de General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).
Su nombre aparece 96 veces en un informe de 123 páginas sobre la represión en Venezuela elaborado por una misión de derechos humanos de las Naciones Unidas. El documento describe múltiples torturas, entre ellas las sufridas por el militar retirado Rafael Acosta Arévalo, a quien el chavismo acusaba de organizar un complot para derrocar a Nicolás Maduro.
Durante su paso por la Guardia de Honor Presidencial, Granko formó parte del tercer anillo de seguridad de Hugo Chávez durante tres años. A petición suya, el entonces presidente lo designó como oficial de seguridad de una de sus hijas. El ascenso de Granko dentro de la estructura militar venezolana avanzó en paralelo al endurecimiento del aparato represivo del chavismo, dicen periodistas.
El 1 de julio de 2020, Maduro lo ascendió del grado de mayor al de teniente coronel, incorporándolo formalmente al círculo de oficiales superiores de la FAN. El ascenso se produjo cuando ya circulaban informes internacionales que documentaban torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles cometidos por organismos de inteligencia del Estado venezolano.
En el 2019 el militar venezolano Rafael Ramón Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la marina Bolivariana retirado, fue acusado de ser un elemento de Juan Guaidó y de supuestos planes de "golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio", por lo que fue detenido por efectivos del Sebin y de la Dgcim y sometido a diversas torturas como la asfixia mecánica y palizas.
Las ordenes y la voz que los testigos identifican, fue supuestamente la de este siniestro coronel. Acosta Arévalo colapsó mientras era presentado al juez, y murió más tarde en el hospital mientras "intentaban salvarle la vida". El jefe del ejercito Vladimir Padrino, lo justificó entonces como "un desmayo".
Investigación internacional.
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile han estado investigando el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido entre febrero y marzo de 2024 en Santiago de Chile. Ojeda, quien se había refugiado en ese país tras oponerse al gobierno de Maduro, fue sacado de su departamento y encontrado muerto días después enterrado bajo cemento con signos de tortura.
Los investigadores sospechan que Granko habría viajado a Chile para liderar el crimen. Alexander Granko presuntamente estuvo en Santiago en las fechas cercanas al secuestro de Ojeda, y su nombre y figura aparecen en análisis preliminares de la Fiscalía y la PDI. El caso sigue bajo investigación.
En agosto del 2025, el periódico español Vozpopuli publicaba la noticia de la presencia de este militar en el país, a pesar de tener prohibida la entrada por la Comunidad Europea. El conocido como 'el carnicero de Maduro', realizó el "Camino de Santiago" en España a pesar de tener prohibida la entrada a la UE desde 2019.
Según la Unión Europea, bajo el mandato del militar, se han cometido ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y represión sistemática de la oposición. "Entre 2017 y 2022, ordenó, supervisó y participó directamente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", justifica el reglamento del Consejo Europeo. Demasiadas coincidencias.
Los investigadores sospechan que Granko habría viajado a Chile para liderar el crimen. Alexander Granko presuntamente estuvo en Santiago en las fechas cercanas al secuestro de Ojeda, y su nombre y figura aparecen en análisis preliminares de la Fiscalía y la PDI. El caso sigue bajo investigación.
En agosto del 2025, el periódico español Vozpopuli publicaba la noticia de la presencia de este militar en el país, a pesar de tener prohibida la entrada por la Comunidad Europea. El conocido como 'el carnicero de Maduro', realizó el "Camino de Santiago" en España a pesar de tener prohibida la entrada a la UE desde 2019.
Según la Unión Europea, bajo el mandato del militar, se han cometido ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y represión sistemática de la oposición. "Entre 2017 y 2022, ordenó, supervisó y participó directamente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", justifica el reglamento del Consejo Europeo. Demasiadas coincidencias.
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