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| Hotel Perla de Cuba, propiedad del coruñés Ramiro Sánchez Casteleiro. // |
Las propiedades gallegas incautadas en Cuba corresponden a bienes—principalmente edificios, hoteles, fincas y comercios—confiscados a unas 400 familias de emigrantes gallegos tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro entre 1959 y 1962. El valor total de estos bienes se estima históricamente entre los 3.100 y los 3.500 millones de dólares
Hasta el año 2014 la compañía tenía cuantificadas hasta 3.000 familias que abandonaron la isla en esos años, y a las que les fueron expropiados sus bienes. De ellas, unas mil regresaron a España. Esas familias que hace más de sesenta años abandonaron Cuba - casi todos ya fallecidos - dejaron casas, empresas, fábricas, dinero e infinidad de bienes incautados por el régimen de los hermanos "paisanos".
La empresa "Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba" calculó entonces que las mil familias de españoles que regresaron a su tierra en los años 60, dejaron en la isla un patrimonio que superaba los 300 millones de dólares de la época en que estamos hablando.
Una estimación divulgada en los años setenta apuntaba que las propiedades de los gallegos en Cuba de podrían superar los 700 millones de dólares de la época, el patrimonio español más elevado ya que la colonia gallega fue la que más peso tuvo en la isla junto con la asturiana. Imaginaos cuanto pueden valer hoy.
Para el 2018, ya la empresa había reunido la documentación de casi 400 familias gallegas en similar situación y que entre esas propiedades, de las que sus descendientes tienen la debida documentación, estaban valoradas entonces en unos 3.500 millones de dólares (más de 3.100 millones de euros), según los estimados de esta compañía.
Para el 2018, ya la empresa había reunido la documentación de casi 400 familias gallegas en similar situación y que entre esas propiedades, de las que sus descendientes tienen la debida documentación, estaban valoradas entonces en unos 3.500 millones de dólares (más de 3.100 millones de euros), según los estimados de esta compañía.
ACUERDO DE 1986
Varios años antes, España y Cuba habían cerrado un acuerdo de indemnización en noviembre de 1986 y se formalizó legalmente mediante el Convenio de 1988. El pacto estableció el pago por parte del régimen cubano de 5.312 millones de pesetas (unos 31,9 millones de euros) para indemnizar a casi 1.500 ciudadanos españoles expropiados.
Los propietarios o herederos que aceptaron esta indemnización entre los Gobiernos de Cuba y España, según asegura la compañía, también podrán reclamar ya que una sentencia del Tribunal Supremo español concluye que tal compensación de daños fue "parcial", ya que el régimen castrista indemnizó a los afectados pagando tan solo dos tercios de la deuda en especie y el tercio restante en efectivo.
En aquel acuerdo, el régimen castrista se comprometió a pagar 5.416 millones de pesetas (casi 33 millones de euros), de los que un tercio se abonaría en efectivo. Los responsables de 1898 parten de la premisa de que las futuras autoridades cubanas tendrán que establecer algún tipo de sistema indemnizatorio, porque "la comunidad internacional no aceptará el borrón y cuenta nueva".
"Cada cubano tiene un abuelo gallego". Ese es el argumento de la sociedad Patrimonial, para explicar a los familiares de
emigrantes gallegos a los que el régimen castrista les incautó su patrimonio que nacer en España o
ser hijo de españoles es el único requisito para recuperar sus bienes. La compañía se lleva el 30%
del valor total que recuperen los descendientes afectados, pero no tendrían que pagarlo hasta que se finalice el proceso.
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