CUBA: Ley de vagos o disidentes


El 26 de diciembre de 1978 se eliminó del código penal español la ley de peligrosidad social. Sin embargo, antes hubo otra que le precedió, la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que fue derogada en 1970 y que fue instaurada por la izquierda republicana en 1933, llevada al congreso por el gobierno de Manuel Azaña.  

Pretendía, dijeron entonces, evitar la comisión de "posibles delitos" sociales por parte de vagabundos, proxenetas, toxicómanos, alcohólicos, mendigos o personas que llevaran a cabo comportamientos considerados como antisociales, a los cuales se sometían al internamiento en establecimientos de régimen de trabajo, o granjas agrícolas, y en el caso de los extranjeros contemplaba la expulsión del país.

El primer campo de concentración para vagos y maleantes fue abierto en Alcalá de Henares, y aunque se internaron a 300 "rufianes", así se les llamaba, al primer mes de aplicada la ley se llegó a expedientar a más de dos mil personas, e incluso en las cárceles comunes habían más de tres mil. Fue adaptada por el Franquismo el 15 de julio de 1954, de cara a incluir en ella a los homosexuales, entonces considerados un peligro para la moral sexual colectiva. Los penales de Badajoz y de Huelva sirvieron como lugares de internamiento.

Como ven, tanto para el comunismo como para la extrema derecha, esta ley constituyó un castigo injusto desde el momento en que por ser un vago, un drogadicto o mucho menos un homosexual, era motivo como para privarle de su libertad por anticipado. El 26 de diciembre de 1978 se derogó este engendro de ley, marcando así el fin de la penalización de la homosexualidad, no así para los demás afectados, porque no fue derogada hasta el 23 de noviembre de 1995. 

Afortunadamente esto es cosa del pasado, de manera que ser un vago en esta España de hoy no constituye delito mientras no se cometa. Y ni así, porque si la cuantía de lo robado no supera los 400 euros, no podrá ser considerado delito grave. Su pena, como delito menor o leve, por lo general es una multa y en caso de que sí superara el monto, sería entonces de 18 meses de prisión que, de no constar antecedentes penales, tampoco sería encarcelado.

Pues esta ley, que en los años 70´s envió a muchísimas personas a la cárcel en Cuba sin haber cometido un delito, se intenta retomar de nuevo por la dictadura. En 2022, y sobre todo después de las demostraciones de protestas en contra de ese régimen, se estuvo sopesando aplicarla de nuevo. De hecho en Santiago de Cuba se comenzó a censar desde este mes a los "vagos". 

Lo que llama la atención que se intente castigarlos en un país donde no existe ni siquiera un transporte que garantice el traslado a los centros de estudio o trabajo, y en el caso de estos últimos un salario mínimo que apenas equivale a la compra de un "cartón" de huevos. Eso sin contar que están siendo sometidos a sesiones de corte de luz de diez, doce y hasta más horas, lo que hacen imposible cualquier planificación familiar. 

Aún así, la ministra de trabajo y seguridad social de la dictadura comentó recientemente que su gobierno ha iniciado un estudio de personas que no estudian ni trabajan "pudiendo hacerlo", y aunque no es menos cierto que constituye un problema de tipo social para cualquier país, condenarlos con este tipo de leyes solo puede ser concebido en sistemas represivos y dictatoriales como este, que no buscan tanto condenar al vago si no al que disiente.

Maldita Hemeroteca 
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