Fiscales federales buscan revocar la ciudadanía estadounidense al exembajador de Estados Unidos Manuel Rocha, el ex diplomático encarcelado que actuó como agente secreto de Cuba desde la década de 1970 en una de las traiciones de más larga duración en la historia del servicio exterior.
La Fiscalía de Estados Unidos en Miami presentó el jueves una demanda civil de desnaturalización que completaría la caída en desgracia de Rocha, nacido en Colombia, al despojarlo de la ciudadanía que obtuvo tras mudarse a la ciudad de Nueva York a los 10 años con su madre viuda y dos hermanos.
Rocha, de 75 años, fue arrestado a finales de 2023 y posteriormente condenado a 15 años en una prisión federal tras admitir que trabajó durante décadas como agente secreto para la Cuba comunista. Un agente encubierto del FBI lo grabó en secreto mientras elogiaba a Fidel Castro llamándolo “El Comandante” y se jactaba de su labor para el gobierno comunista de Cuba, calificándola como “más que un grand slam” contra el “enemigo”, refiriéndose a Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad por 15 cargos federales evitó un juicio que habría arrojado nueva luz sobre qué hizo Rocha exactamente para ayudar a Cuba incluso mientras ocupaba prestigiosos cargos en el Departamento de Estado, como embajador en Bolivia y puestos de alto nivel en Argentina, México, la Casa Blanca y Estados Unidos.
Ni siquiera está claro en qué momento los fiscales federales sospecharon por primera vez que Rocha espiaba para Cuba.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Rocha reconoció que se vinculó por primera vez con agentes de inteligencia cubanos en 1973 —cinco años antes de solicitar la ciudadanía de Estados Unidos— mientras asistía a un programa estudiantil en Chile al final del gobierno del presidente socialista Salvador Allende.
Poco después, por indicación de La Habana, se inscribió en programas de maestría en las universidades de Harvard y Georgetown en su camino a ser contratado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por lo general, el gobierno enfrenta una alta carga de prueba para revocar la ciudadanía, ya que la ley federal exige que los fiscales demuestren con pruebas convincentes que una persona obtuvo la ciudadanía de manera ilegal o consiguió la naturalización mediante “la ocultación de un hecho sustancial o por una tergiversación deliberada”.
Los fiscales alegaron, en documentos judiciales, que Rocha mintió bajo juramento al afirmar que “creía en la Constitución de Estados Unidos” y que no tenía afiliación con el Partido Comunista de Cuba al solicitar la ciudadanía en 1978.
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