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| Imagen del paseo de la Castellana. // |
En 1985 se produjo el intento de secuestro del funcionario cubano Manuel Antonio Sánchez, quien había solicitado asilo político en España. Aquella acción terrorista fue realizada por cuatro elementos de la legación Cubana en Madrid.
El 18 de noviembre, el entonces viceministro de Comercio de 50 años de edad había solicitado asilo político al Gobierno español en una comisaría del barrio de Almagro, en Chamberí, Madrid, lo que provocó la alarma en el régimen castrista que veía como le habían "tumbado" gran cantidad de dinero en su propia cara.
El hecho "introdujo un nuevo elemento de crispación entre los dos países, en unas relaciones que ya eran delicadas" según afirmó entonces las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español del gobierno del socialista andaluz, Felipe González. El incidente se vio complicado aún más por una nota publicada por del Ministerio de Exteriores de Cuba, donde se acusaba al gobierno Español de asociarse y brindar amparo a la "inmoral conducta de un vulgar ladrón".
Lo dicho, no era tanto el asilo de este personaje como la plata que le había arrebatado al mayor ladrón que había, el cuatrero en jefe. En una escalada verbal en la que se utilizaron términos inusuales en el lenguaje diplomático, la OID respondía a la nota cubana diciendo que esa afirmación contenía "calificaciones falsas e intolerables".
Mientras tanto una nota publicada en el País, uno de los periódicos más importantes de España y de editorial de izquierdas, anunciaba lo siguiente:
"El incidente quedó parcialmente zanjado ayer hacia las dos de la tarde, cuando un avión de Cubana de Aviación trasladaba a La Habana al vicecónsul de Cuba Ángel Alberto León Cervantes y a los funcionarios de ese país Abelardo López Hernández, Ramón Burroto Chávez y Francisco Ventura Torrientes.
"El incidente quedó parcialmente zanjado ayer hacia las dos de la tarde, cuando un avión de Cubana de Aviación trasladaba a La Habana al vicecónsul de Cuba Ángel Alberto León Cervantes y a los funcionarios de ese país Abelardo López Hernández, Ramón Burroto Chávez y Francisco Ventura Torrientes.
Todos ellos se encontraban en la comisaría de policía del aeropuerto de Barajas (Madrid) desde las tres de la madrugada, después de que el juez de guardia diera curso a la solicitud de expulsión formulada por el Ministerio del Interior.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmaron ayer por la tarde que la decisión de expulsar a los cuatro funcionarios fue consensuada entre ese ministerio y el del Interior, que fue el que inició la consulta. Finalmente, Interior decidió proponer la expulsión al juez acogiéndose al párrafo c) del artículo 26 de la ley de Extranjería, publicada el pasado 3 de julio.
Este párrafo prevé que los extranjeros podrán ser expulsados de España, por resolución del director de la Seguridad del Estado citando estén "implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado" o realicen "cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses españoles o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países".
Por otro lado el embajador cubano en España, Oscar García Fernández, se encontraba en Barcelona cuando se produjo el incidente, con lo cual había excusado su retraso en Madrid viéndose imposibilitado de volar a Madrid en el puente aéreo, que aquel viernes estuvo prácticamente paralizado por la huelga de controladores y por el cierre, durante varias horas y debido a la niebla, del aeropuerto de Barajas.
El ministro Francisco Fernández Ordóñez recibió al embajador cubano acompañado por el subsecretario del Departamento, Fernando Perpifiá-Robert, y por el director general de Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. Durante 45 minutos las autoridades españolas le exigieron explicaciones, pero el tipo se limitó a decir que no sabía nada de lo que había ocurrido, aunque sí acusaba de ladrón al señor Manuel Antonio Sánchez.
Los personeros de la Habana aseguraban en su comunicado que el diplomático había sido convocado por la Embajada de Cuba en Madrid, a raíz de que "se habían hecho evidentes serias irregularidades de carácter financiero en la gestión. Que Sánchez Pérez pretendía apropiarse de la suma de 499 mil dólares, [unos 77 millones de pesetas] depositada en el Banco Trasatlántico Comercial" ubicado en pleno centro de la ciudad.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmaron ayer por la tarde que la decisión de expulsar a los cuatro funcionarios fue consensuada entre ese ministerio y el del Interior, que fue el que inició la consulta. Finalmente, Interior decidió proponer la expulsión al juez acogiéndose al párrafo c) del artículo 26 de la ley de Extranjería, publicada el pasado 3 de julio.
Este párrafo prevé que los extranjeros podrán ser expulsados de España, por resolución del director de la Seguridad del Estado citando estén "implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado" o realicen "cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses españoles o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países".
Por otro lado el embajador cubano en España, Oscar García Fernández, se encontraba en Barcelona cuando se produjo el incidente, con lo cual había excusado su retraso en Madrid viéndose imposibilitado de volar a Madrid en el puente aéreo, que aquel viernes estuvo prácticamente paralizado por la huelga de controladores y por el cierre, durante varias horas y debido a la niebla, del aeropuerto de Barajas.
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| Zona donde ocurrió el intento de secuestro. // |
El ministro Francisco Fernández Ordóñez recibió al embajador cubano acompañado por el subsecretario del Departamento, Fernando Perpifiá-Robert, y por el director general de Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia. Durante 45 minutos las autoridades españolas le exigieron explicaciones, pero el tipo se limitó a decir que no sabía nada de lo que había ocurrido, aunque sí acusaba de ladrón al señor Manuel Antonio Sánchez.
Los personeros de la Habana aseguraban en su comunicado que el diplomático había sido convocado por la Embajada de Cuba en Madrid, a raíz de que "se habían hecho evidentes serias irregularidades de carácter financiero en la gestión. Que Sánchez Pérez pretendía apropiarse de la suma de 499 mil dólares, [unos 77 millones de pesetas] depositada en el Banco Trasatlántico Comercial" ubicado en pleno centro de la ciudad.
A pesar de la chapuza, la cancillería cubana seguía afirmando que cuando Sánchez Pérez fue localizado a la salida del banco, "éste se convirtió de sospechoso en reo", provocándose "una alteración del orden que motivó la intervención de las autoridades españolas".
La nota - que concluía pidiendo la puesta en libertad de los detenidos y la devolución del dinero - rechazaba "el mentiroso calificativo de exiliado atribuido a un vulgar ladrón que simplemente intentó apropiarse de fondos que eran propiedad del Estado cubano, con cuya inmoral conducta estaría el Gobierno español asociándose y a su vez brindándole amparo".
Minutos después de que el embajador cubano abandonase el palacio de Santa Cruz, la OID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, hacía una nueva nota, la segunda que emitía en el mismo día, donde ya había anunciado la expulsión de España de los funcionarios y/o sicarios. Según la OID - que recordaba que el incidente era "incompatible con el ejercicio de las funciones diplomáticas"-, aquella nota del ministerio cubano contenía "afirmaciones falsas y calificaciones intolerables sobre el comportamiento del Gobierno español".
Minutos después de que el embajador cubano abandonase el palacio de Santa Cruz, la OID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, hacía una nueva nota, la segunda que emitía en el mismo día, donde ya había anunciado la expulsión de España de los funcionarios y/o sicarios. Según la OID - que recordaba que el incidente era "incompatible con el ejercicio de las funciones diplomáticas"-, aquella nota del ministerio cubano contenía "afirmaciones falsas y calificaciones intolerables sobre el comportamiento del Gobierno español".
Total que los nombres de los fallidos secuestradores, los que fueron expulsados el día 14 de diciembre, eran Ángel Alberto León Cervantes, vice-cónsul de Cuba, que llevaba una pistola del calibre nueve milímetros de cañón corto; Abelardo López Hernández, administrativo, también armado con una pistola del calibre treinta y ocho; Ramón Borroto Chávez, administrativo; y Ventura Ventura Torriente, profesor auxiliar de la embajada.
El fallo que cometieron, y la suerte de la víctima, fue intentar meter a un tipo de dos metros de altura y ciento cincuenta kilos de peso. dentro de un pequeño Peugeot 205, evidentemente no había sido una buena idea de los genízaros de la inteligencia castrista.
Solo añadir que en esos tiempos la dictadura Cubana y el socialismo Español iban de la manos en contra del régimen del chileno Augusto Pinochet, un relajamiento que permitió que varios agentes cubanos ingresaran a España con total impunidad, lo mismo en labores de inteligencia que para hacer negocios de turismo o como en este caso, intentar una acción violenta en pleno Paseo de la Castellana.
LOS HECHOS
Maldita Hemeroteca
El supuesto organizador de toda esta panda de espías de la DGI en España era el diplomático Eduardo Araoz Agero, primer secretario de una embajada que en 1983 estaba presidida por Óscar García Fernández.
Según publicó el periódico ABC con fecha 16-12-1985, el nueve de diciembre de 1985 Araoz regresó a Madrid de un rápido viaje a La Habana, en el que había recibido la orden de Manuel Piñeiro, jefe del espionaje y la subversión terrorista en América. El "emperador en jefe" no quería cuento con su dinero, y la orden de recupéralo y llevarse al ladrón de vuelta a la isla, o matarlo llegado el caso, no tenía discusión.
Además, que el susodicho tenía comprometidos conocimientos como miembro que había sido durante diez años de la JUCEPLAN, la Junta Central de Planificación, el órgano rector de la economía cubana, más otros diez que estuvo en el Comité de Abastecimiento y Material.
Aunque todos los agentes de la DGI y sus colaboradores, algunos infiltrados en el exilio cubano y otros en la Administración española, se encontraban en alerta máxima, ni Araoz ni nadie hubiera podido hacer nada de no haber sido por la imprudencia cometida del propio Sánchez Pérez.
Aquel viernes trece, menudo día, el refugiado dejó el piso franco en el que le protegían los agentes del CESID español, y se presentó solo en la sede del Banco Trasatlántico Comercial situado en el No 18 del Paseo de la Castellana, pleno centro de la ciudad. Tenía la intención de retirar varios millones de pesetas de una cuenta en la que tenía firma, y en la que había ingresado las comisiones que había cobrado por diversos contratos internacionales.
AL QUE VELAN NO ESCAPA...
En el año 2003 Manuel Sánchez resultó atropellado por una potente motocicleta mientras cruzaba una céntrica intersección de Barcelona, estando incluso en un área designada para peatones. Murió poco después producto de las heridas, que incluyeron un traumatismo cerebral severo. Por supuesto, se sospechó que su muerte fue el resultado del ajuste de cuentas. No olvidemos las coincidentes muertes - "en accidentes viales" - de los activistas anti castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012.
Fuente: Artículo de El País.es
NOTA: Libertad Digital, publicó que Fernando Rueda, periodista especializado en servicios de inteligencia, aseguró en una ocasión que el poeta Armando Valladares sufrió varios intentos de asesinato en España, el último de los cuales se realizó en 1989 por medio de un muchacho que se hizo pasar por evadido de la isla, y que le contactó con sus compatriotas exiliados.
La gota que colmó la honda paciencia del presidente Felipe González cayó en el verano de 1990, cuando docena y media de cubanos entraron en la embajada de España en La Habana y la policía política castrista echó mano a uno de ellos dentro del recinto del vetusto edificio. Una consecuencia fue la suspensión de algún apartado de la cooperación española con la dictadura.
NOTA: Libertad Digital, publicó que Fernando Rueda, periodista especializado en servicios de inteligencia, aseguró en una ocasión que el poeta Armando Valladares sufrió varios intentos de asesinato en España, el último de los cuales se realizó en 1989 por medio de un muchacho que se hizo pasar por evadido de la isla, y que le contactó con sus compatriotas exiliados.
La gota que colmó la honda paciencia del presidente Felipe González cayó en el verano de 1990, cuando docena y media de cubanos entraron en la embajada de España en La Habana y la policía política castrista echó mano a uno de ellos dentro del recinto del vetusto edificio. Una consecuencia fue la suspensión de algún apartado de la cooperación española con la dictadura.
Según Rueda, se tomaron diversas medidas contra los espías castristas en España, como la sugerencia al embajador de que retirase al sucesor de Araoz antes de que se dictase orden de expulsión. Añadió que, como protección para España, el CESID elaboró un informe sobre la fortuna y la implicación en el narcotráfico de los Castro en el extranjero. En Cuba se limpiaron la espalda con ese informe.
