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| Foso de los Laureles en la fortaleza de la Cabaña, en la Habana. // |
El 11 de enero de 1992, un Tribunal Provincial de La Habana, Cuba, condenó a muerte por cargos de terrorismo, sabotaje y propaganda enemiga, delitos que atentan contra la seguridad del Estado, a tres detenidos de nacionalidad Cubana, Eduardo Díaz Betancourt, de 38 años de edad, Daniel Candelario Santovenia Fernández, de 36, y Pedro de la Caridad Álvarez Pedroso, de 26.
Los tres acusados fueron detenidos doce días antes (29 de
diciembre) cuando arribaron a las costas de Matanzas en un bote neumático muy próximo a la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al
este de la capital. En el momento de ser detenidos, según los informes,
se hallaban en posesión de armas, munición y artefactos incendiarios.
Según las
autoridades cubanas, los tres hombres confesaron ser miembros de una organización
terrorista, con base en los Estados Unidos, y que su misión consistía en realizar
acciones de sabotaje y terrorismo, así como distribuir propaganda subversiva contra
el régimen comunista castrista. Por su parte, el gobierno
de los Estados Unidos negó rotundamente haber dado permiso a estas organizaciones en el exilio.
En Cuba, las condenas a muerte se remiten de forma automática al Tribunal Supremo
Popular para su revisión. Si este Tribunal las confirma, se remiten al Consejo de
Estado, presidido por el presidente Fidel Castro, para que este organismo adopte una
decisión final. Este procedimiento, en algunos casos, ha durado sólo cuestión de días
o semanas.
EL FUSILAMIENTO
Vestido con pantalón y camisa gris de recluso, Eduardo Díaz Betancourt fue conducido ayer al paredón y ejecutado, sólo unas horas después de que el Consejo de Estado Cubano, órgano que preside Fidel Castro, ratificase la pena capital.
La ejecución se produjo 24 días después de que fuese capturado en la provincia de Matanzas con armas y explosivos. Betancourt, de 36 años, fue el primer opositor al régimen que ejecutan en Cuba en 1992. Sin embargo, en Miami se pensaba que este hombre era un infiltrado del régimen comunista de La Habana.
Eduardo Díaz había salido ilegalmente de Cuba, y desde que llegó a Florida, en marzo del año pasado, estableció contacto con grupos anticastristas. Quería entrenarse, prepararse, armarse y volver a Cuba para luchar contra un régimen por el que sentía el más profundo desprecio. Y lo hizo sin levantar sospechas.
Nadie en Miami dudó de él hasta que apareció frente a las cámaras de la televisión cubana reconociendo su delito y explicando cómo se entrenaba en las calles del condado de Dade, mientras las autoridades norteamericanas hacían la vista gorda.
Después, al comprobarse que él y sus dos compañeros de aventura -Daniel Santovenia, de 36 años, y Pedro de la Caridad Fernández, de 26- fueron capturados nada más llegara la ensenada de Júcaro, en Matanzas, se pensó que Betancourt había preparado la operación para luego delatarla.
Esto, sin duda, suponía un gran golpe de efecto que sólo beneficiaba a las autoridades cubanas.
"Además", relata un miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional de Elizardo Sánchez, "las direcciones de los domicilios de Gustavo y Sebastián Arcos Bergnes que le fueron ocupadas a Díaz Betancourt dan mucho que pensar".
"En la dirección que le encontraron de Sebastián Arcos ponía calle Quinta, el número y el reparto, Aldabo, la misma dirección errónea de una citación que una vez la policía le envió a Sebastián. Sin embargo", asegura el disidente, "la dirección correcta es calle de Quintana, y no Quinta".
Todos estos indicios y otros más hicieron pensar a los exiliados y disidentes cubanos que Díaz Betancourt era un infiltrado castrista y que, por tanto, su pena de muerte sería conmutada. Sin embargo, el día 20 de enero fue ejecutado después de que el Consejo de Estado decidiera, paradójicamente, aplicarle la pena capital sólo a él.
Su fusilamiento no sería el último.
Las autoridades cubanas han advertido ese año que la justicia revolucionaria sería cada vez menos clemente con los que se animan a, interrumpir el "trabajo creador y pacífico del pueblo cubano".
Por ello, en la declaración del Consejo de Estado que dio luz verde a la ejecución de Betancourt, se afirmaba que el Gobierno cubano "está enfrentado a un desafío de vida o muerte", y que, ante esta disyuntiva, el régimen de Fidel Castro sabría impedir enérgicamente "todo intento de la contrarrevolución por levantar la cabeza".
