La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado este martes que Exxon Mobil puede demandar a empresas estatales cubanas ante los tribunales estadounidenses por propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la llegada al poder de Fidel Castro.
La decisión, tomada por 6 votos a 3, podría suponer una palanca adicional para que la Administración Trump ejerza presión sobre Cuba, que ya se ve afectada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, el cual ha dejado a la isla sin suministros de combustible en lo que va de 2026.
La cuestión era si la ley de 1996 conocida como Helms-Burton, aprobada durante la presidencia de Bill Clinton, elimina la inmunidad frente a demandas en tribunales estadounidenses que, por lo general, amparan a países extranjeros y a empresas estatales.
Exxon Mobil reclama una indemnización por la confiscación de activos propiedad de filiales de Standard Oil, predecesora de Exxon Mobil, entre los que se incluyen más de 100 estaciones de servicio y una refinería de petróleo. Con esta decisión, los magistrados revocaron una sentencia de un tribunal inferior que consideraba que las empresas estatales cubanas gozaban de inmunidad frente a demandas en tribunales estadounidenses.
El mes pasado, el tribunal se pronunció en otro caso relacionado con bienes confiscados en Cuba, reactivando las reclamaciones de la empresa estadounidense que gestionaba muelles en La Habana contra cuatro compañías de cruceros que llevaron turistas a Cuba durante el breve deshielo en las relaciones que se produjo bajo la Administración de Obama.
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NOTA AL MARGEN: El régimen Castrista utilizó muy hábilmente la palabra "nacionalización" por confiscación, que era lo que realmente se estaba haciendo. El derecho internacional reconoce la facultad de un país de nacionalizar en áreas de interés nacional, siempre y cuando se pague por el bien nacionalizado un precio proporcional a su valor en el mercado internacional, pero hasta hoy Cuba jamás ha mostrado intención de realizar estos pagos. En el caso de Exxon, tenía una refinería valorada entonces en 71 millones de dólares.
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Ese caso se basó en el mismo artículo de la Ley Helms-Burton que permite interponer demandas por bienes incautados. El Título III de la ley Helms-Burton permite a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que realice actividades comerciales o se beneficie de bienes confiscados por el Gobierno cubano.
Antes de la primera administración Trump, todos los presidentes habían suspendido esta disposición debido a las objeciones de los aliados de EEUU que hacían negocios en Cuba y al efecto que podría tener en futuros acuerdos negociados entre EEUU y Cuba. Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y Exxon Mobil presentó su demanda ese mismo día.
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Ese caso se basó en el mismo artículo de la Ley Helms-Burton que permite interponer demandas por bienes incautados. El Título III de la ley Helms-Burton permite a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que realice actividades comerciales o se beneficie de bienes confiscados por el Gobierno cubano.
Antes de la primera administración Trump, todos los presidentes habían suspendido esta disposición debido a las objeciones de los aliados de EEUU que hacían negocios en Cuba y al efecto que podría tener en futuros acuerdos negociados entre EEUU y Cuba. Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y Exxon Mobil presentó su demanda ese mismo día.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EEUU, un órgano dependiente del Departamento de Justicia, afirmó en 1969 que el valor de los bienes de Exxon Mobil en Cuba ascendía a 71,6 millones de dólares, más un 6% de interés anual a partir de 1960. Eso equivaldría hoy a más de 1.000 millones de dólares, escribió el juez Brett Kavanaugh.
El juez Kavanaugh, en nombre de la mayoría conservadora, señaló que “tendría poco sentido” que la ley permitiera al presidente decidir si pueden proseguir las demandas contra intereses cubanos y, al mismo tiempo, protegerlos, informa AP. Además, la comisión determinó que cerca de 6.000 personas y empresas tenían reclamaciones por valor de 1.900 millones de dólares, sin contar los intereses ni las indemnizaciones por daños y perjuicios.
El juez Kavanaugh, en nombre de la mayoría conservadora, señaló que “tendría poco sentido” que la ley permitiera al presidente decidir si pueden proseguir las demandas contra intereses cubanos y, al mismo tiempo, protegerlos, informa AP. Además, la comisión determinó que cerca de 6.000 personas y empresas tenían reclamaciones por valor de 1.900 millones de dólares, sin contar los intereses ni las indemnizaciones por daños y perjuicios.
El Diario.es
