El Gobierno de Pedro Sánchez suscribió con la dictadura cubana, -revelada por El Debate- una contratación de personal para acelerar los trámites de más de 350 mil presuntos descendientes de españoles que, en su gran mayoría, dejémonos de cuentos chinos, su objetivo es llegar a los Estados Unidos.
Se trata de una de las pocas vías que existe prácticamente, aunque no puedan utilizar el ESTA, o sea, el programa de exención de visado por ser considerada la dictadura Castrista un estado patrocinador del terrorismo. Pero bueno concentrémonos en los que sí quieren establecerse en la madre patria e iniciar una nueva vida en libertad.
Estos tratados se firmaron el uno de enero de 2025 entre la empresa empleadora castrista "Palco" y las representaciones de España en La Habana. Se pagó más de un millón de euros, según la Plataforma de Contratación
Lo que España abona y lo que recibe cada empleado pasa lo de siempre cada vez que esta mafia castrista mete sus manos en algo. Por un auxiliar de oficina España paga 5.822,47 pesos al mes, mientras que el trabajador percibe 3.706,69 o sea que la mafia verde oliva le retiene el 36 % de cada salario, y encima se lo paga en pesos cubanos cuando ya lo cobró en euros previamente.
Es la forma en que Cuba gestiona su mayor fuente de divisas: el envío de profesionales al extranjero. Y es precisamente ese modelo el que los organismos internacionales han calificado de explotación laboral, asegura el debate.es, fuente de este post.
Tanto es así, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2026, tras documentar 71 testimonios, que en las misiones médicas cubanas hay «situaciones compatibles con trabajo forzoso y esclavitud moderna», que no es nuevo ni mucho menos, con retenciones salariales de entre el 60 % y el 90 %. Lo mismo pasa con deportistas y artistas aunque puede que varíe en algo la manera de meterle las manos en sus bolsillos.
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Tan solo en el Consulado General de España en La Habana se han presentado casi 200.000 solicitudes y, en 2025, más de 14 mil 300 cubanos la obtuvieron, ocupando el sexto lugar entre los primeros países que - excepto Marruecos - son iberoamericanos.
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La llamada ‘ley de nietos’ se ha situado esta semana en primera línea del debate público después de que el secretario general del Partido Popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, acusara al gobierno de hacer «ingeniería electoral», incrementando en 2,5 millones el número de votantes que, "por agradecimiento" les votarán después.
Por su parte el los socialistas del PSOE alegan que ese fue un acuerdo que se aprobó en 2022 para que los hijos y nietos de exiliados pudieran acceder a la nacionalidad española. Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) la han solicitado a través de esta vía de la Ley de Memoria Democrática, de los cuales casi 600 mil la tienen aprobada y 306 mil están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
Ofensiva jurídica y parlamentaria de Vox
Los de derecha, Vox, rechazan la ‘ley de nietos’ por creerla una vía de concesión «masiva», «arbitraria» y «descontrolada» de nacionalidades en un intento del Gobierno de «alterar» el censo electoral, denuncia «pucherazo» electoral y mantiene una ofensiva jurídica y parlamentaria en España y la Unión Europa.
El partido ya recurrió en 2023 la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional y el mes pasado solicitó ante la Secretaría de Estado de Justicia declarar nula la instrucción que regula la aplicación de la norma, exigiendo su paralización cautelar, aparte de pedir a la Junta Electoral Central suspender el voto por correos de residentes en el extranjero y las inscripciones en el censo exterior.
Ante la Comisión Europea ha denunciado la norma esta semana, alegando que la concesión de nacionalidades vulnera el derecho de la UE y pone en riesgo el espacio europeo de seguridad, y ha exigido en el Congreso explicaciones al Gobierno sobre el incremento de trabajadores en los consulados para reforzar la tramitación de nacionalidades.
Los de derecha, Vox, rechazan la ‘ley de nietos’ por creerla una vía de concesión «masiva», «arbitraria» y «descontrolada» de nacionalidades en un intento del Gobierno de «alterar» el censo electoral, denuncia «pucherazo» electoral y mantiene una ofensiva jurídica y parlamentaria en España y la Unión Europa.
El partido ya recurrió en 2023 la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional y el mes pasado solicitó ante la Secretaría de Estado de Justicia declarar nula la instrucción que regula la aplicación de la norma, exigiendo su paralización cautelar, aparte de pedir a la Junta Electoral Central suspender el voto por correos de residentes en el extranjero y las inscripciones en el censo exterior.
Ante la Comisión Europea ha denunciado la norma esta semana, alegando que la concesión de nacionalidades vulnera el derecho de la UE y pone en riesgo el espacio europeo de seguridad, y ha exigido en el Congreso explicaciones al Gobierno sobre el incremento de trabajadores en los consulados para reforzar la tramitación de nacionalidades.
La ley de nacionalidad sefardí.
La ley para que los judíos sefardíes pudieran obtener la nacionalidad española, que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy como una «reparación histórica» con estos judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, salió adelante el 11 de junio de 2015 en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Los solicitantes tuvieron que acreditar su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tuvieran residencia legal en el país.
Según los datos actualizados en junio del Ministerio de Justicia, a lo que ha tenido acceso EFE, se ha concedido la nacionalidad por la vía sefardí a 74.499 personas, quedan pendientes de resolver otras 7.879 solicitudes y se han denegado 5.857 expedientes. En las ultimas elecciones se emitieron un total de 233.688 sufragios, un 10,04 % de los 2,3 millones de inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero (voto CERA).
La ley para que los judíos sefardíes pudieran obtener la nacionalidad española, que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy como una «reparación histórica» con estos judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, salió adelante el 11 de junio de 2015 en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Los solicitantes tuvieron que acreditar su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tuvieran residencia legal en el país.
Según los datos actualizados en junio del Ministerio de Justicia, a lo que ha tenido acceso EFE, se ha concedido la nacionalidad por la vía sefardí a 74.499 personas, quedan pendientes de resolver otras 7.879 solicitudes y se han denegado 5.857 expedientes. En las ultimas elecciones se emitieron un total de 233.688 sufragios, un 10,04 % de los 2,3 millones de inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero (voto CERA).
