CUBA: La segunda Republica se abre paso (III)
La acentuación de la crisis económica socavaría el poder del Machadato, a la vez que la contestación social y la acción de diversos grupos revolucionarios minaron lo que quedaba del desacreditado régimen republicano.
La revolución de 1933 puso fin al periodo y condujo a una interinidad que por circunstancias internas se prorrogó hasta 1940, bajo diversas fórmulas de tipo conservadoras, nacionalistas, reformistas radicales y liberales, hasta que apareció una que se había convertido en la decisiva: el ejército y su nuevo jefe, el ex sargento y luego flamante coronel Fulgencio Batista y Zaldívar.
El Tratado de reciprocidad firmado en 1934 en sustitución del de 1903 devolvió al azúcar cubano el trato preferencial que había perdido en los Estados Unidos con el alza unilateral de los aranceles en 1927. Las exportaciones comenzaron a recuperarse lentamente, la vida económica se reanudaba y la supresión de la Enmienda Platt permitía creer que los malos tiempos quedaban atrás, en un clima de dignidad nacional recobrada.
Poco parecía importar que el país fuera ahora más dependiente en lo económico que en el pasado, llegando las mercancías norteamericanas a representar el 76.6% del comercio de importación mientras las ventas volvían a concentrarse en torno al 80% en aquel país.
La segunda república se abría paso.
Ahora bien, la Enmienda Platt, presentada por las autoridades norteamericanas y votada in extremis como apéndice constitucional por la Convención para facilitar la transmisión de soberanía y la evacuación de las fuerzas de ocupación, comprometía seriamente ambos enunciados y alejaba a la República de las condiciones que caracterizaban los estados plenamente independientes.
Por la Enmienda Platt, "el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EE UU por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba".
El derecho de intervención reconocido a las autoridades norteamericanas, tenía, por lo tanto, un amplísimo alcance. Para facilitar su aplicación, el Gobierno de Cuba se obligaba a vender o arrendar a los Estados Unidos "las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán ... ".
El Gobierno de Cuba se comprometía a incluir estas disposiciones en un Tratado Permanente con los Estados Unidos, que fue suscrito en 1903. El ejemplo del gobierno interventor de 1899-1902 estaba muy presente.
Al no establecer con precisión los límites infranqueables de la soberanía cubana, se creaba un reflejo condicional en la vida interna del país, que de una parte imponía autocontrol y hasta disimulada sumisión a las indicaciones de Washington y, de otra, amparaba la amenaza de las fracciones de recurrir al protector americano para resolver sus litigios internos.
Esa doble perversión, basada en la amenaza de ejecución de un tratado internacional, se hizo realidad en 1906 cuando los norteamericanos volvieron a la Isla a petición del presidente Estrada Palma y sirvió de coartada para perpetrar la matanza racial de la "guerrita de 1912".
La connivencia entre las fuerzas armadas y la embajada de los Estados Unidos demostraba que podía ejercerse igual o más influencia en la marcha del gobierno de La Habana prescindiendo de fórmulas jurídicas que ofendían el orgullo nacional.
Y ello tenía lugar bajo la administración progresista de Franklin D. Roosevelt. La represión y el exilio acabaron con los elementos opositores más señalados. El movimiento sindical quedó bajo influencia comunista, pero el PCC aceptó el marco de la legalidad y se avino a la práctica electoral, al igual que el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
En un clima apaciguado, desaparecida la violencia política después que la desplegaran con firmeza las autoridades, y en clara mejoría social, una asamblea constituyente aprobó en 1940 una Constitución democrática avanzada que combinaba la protección de los derechos políticos y de los derechos sociales.
(Fin de la tercera parte. Los dos post anteriores a este los puede encontrar aquí en la sección REPUBLICA)
