General Ramón Blanco y Erenas da luz verde a la formación de un gobierno autonómico Cubano.
Desde la creación por parte del gobernador general Ramón Blanco y Erenas para que varios autonomistas formaran un gobierno autonómico interino en enero de 1898, hasta la disolución de las instituciones en octubre de ese mismo año, se desarrolló en Cuba una experiencia de autogobierno única en la historia de la isla.
La concesión de la autonomía política a las colonias constituía la última carta de la metrópoli para empujar a los separatistas a pactar una fórmula que mantuviera, siquiera nominalmente, la soberanía española sobre la isla, poniendo fin a la sangría representada por la guerra colonial y evitando, de este modo, la inminente intervención estadounidense.
La autonomía llegaba como consecuencia del fracaso de España para imponer una solución militar al conflicto cubano. La reapertura de la cuestión cubana en 1895 acabó por convencer a amplios sectores de la clase política española de la necesidad de responder a las demandas de autogobierno de la mayoría de la población cubana, aunque ya era demasiado tarde.
En esencia el autonomismo establecía, tanto en Cuba como en Puerto Rico un Parlamento colonial de carácter bicameral, al que el artículo 3 asignaba la potestad de legislar sobre todos los asuntos propios de cada una de estas islas.
El Legislativo colonial quedaba configurado por dos cuerpos —el Consejo de Administración y la Cámara de Representantes— a los que el Decreto-Ley otorgaba la iniciativa legislativa, señalando que todas las disposiciones en esta materia debían ser aprobadas por ambos (artículo 23).
El Título III del Decreto establecía la estructura del Consejo de Administración de Cuba, cuya composición recordaba a la del Senado español. En este sentido, el Consejo era una cámara poco representativa, ya que sólo un poco más de la mitad de sus miembros —18 de 35 consejeros— tenían un carácter electivo.
El artículo 32 establecía la facultad del Parlamento colonial para legislar sobre todas aquellas materias que no hubieran sido especial y particularmente reservadas a las cortes o al gobierno de la Nación.
Este artículo citaba de manera expresa como materias de su competencia todas las que en la metrópoli correspondían a los ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda y Fomento, a las que se añadían las derivadas de una fórmula ambigua, como era el conocimiento privativo sobre “todos aquellos asuntos de índole puramente local que afectaran principalmente al territorio local”.
Además, y como si fuera poco, atribuía al gobernador general la doble condición de representante de la metrópoli y de máxima autoridad ejecutiva de la isla y, por lo tanto, de jefe de la administración colonial.
El Decreto primaba la primera faceta, en cuanto a que establecía que el gobernador sería nombrado por el monarca a propuesta del Consejo de Ministro y como era lógico la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en la colonia juraba su cargo ante el rey y no ante las cámaras insulares. En fin, que el autonomismo estaba condenado al fracaso antes de que fuera comunicado el 20 de diciembre en la Gaceta de La Habana
No obstante en la isla encontró a un grupo de Cubanos receptivos, que no simpatizaban con la ruptura con España de tipo separatista y que habían optado por un exilio voluntario, como Antonio Govín, quien se había trasladado en 1896 a Estados Unidos, o el propio Eliseo Giberga, que había renunciado a su escaño de senador para establecerse en París, aunque más tarde retornara a Madrid.
La concesión de la autonomía provocó el esperanzado regreso a Cuba de un buen número de estos autonomistas. El régimen autonómico también contó con el apoyo de las principales corporaciones económicas de la isla, que veían en las reformas de Moret el instrumento adecuado para llevar a cabo la pacificación y reanudar las actividades productivas, gravemente afectadas por la continuación de la guerra.
Tanto el Círculo de Hacendados como la Cámara de Comercio de La Habana aplaudieron la implantación del nuevo régimen, sobre todo tras constatar que el gobierno autonómico sería competente para trazar la política arancelaria aplicada en Cuba. Tampoco los núcleos de exiliados cubanos en el extranjero fueron inmunes a la propaganda autonomista.
La concesión de la autonomía provocó una importante fractura en el seno de la colonia cubana en Estados Unidos, donde los autonomistas contaban desde noviembre con un diario publicado en Nueva York para la difusión de sus ideas.
El dilema entre autonomismo y separatismo dividió, asimismo, a la influyente inmigración cubana en Francia (Estrade, 1984, 150-153). El retorno a Cuba de un buen número de inmigrados durante los primeros meses de 1898, pese a la prohibición expresa de la Delegación Cubana en Nueva York, parece probar el relativo éxito de esta propaganda.
Quedaba constituido el primer gobierno autonómico
Total, que el 1 de enero de 1898 quedaba constituido con carácter interino el primer gobierno autonómico. El Ejecutivo autónomo estaba encabezado por el presidente del Partido Liberal Autónomo, José Gálvez. Los autonomistas históricos ocupaban además la cartera clave de Hacienda, que correspondió a Montoro, así como la de Instrucción Pública, cuyo titular fue el médico Francisco Zayas.
La representación del ala radical del autonomismo en este primer gobierno autonómico se limitó a Govín, que ocupó la cartera de Gracia y Justicia y Gobernación tras su regreso de Estados Unidos. Las otras dos carteras correspondían a antiguos reformistas: el peninsular Laureano Rodríguez en Agricultura, Industria y Comercio y el líder reformista Eduardo Dolz en Obras Públicas y Comunicaciones.
Las autoridades autonómicas prestaron especial atención a la reactivación de la producción azucarera y tabaquera, que constituía la principal riqueza de la colonia. En el primer caso, el gobierno autonómico dictó una serie de medidas destinadas a facilitar la realización de la zafra.
Estas disposiciones, unidas al debilitamiento de la presencia insurrecta en el occidente de la isla, permitieron que la zafra de 1897-1898 superara la respetable cifra de 259 000 toneladas de azúcar. Además el Ejecutivo colonial comenzó también a elaborar las bases de un proyecto de tratado de comercio con Estados Unidos, que garantizara el acceso del azúcar y el tabaco cubanos a este mercado.
La prioridad del gobierno autonómico fue, sin embargo, conseguir la pacificación. El gabinete insular publicó el 22 de enero el primero de los muchos manifiestos que emitiría en defensa de la validez de este régimen.
El llamamiento iba dirigido a los separatistas, a los que indicaba que la concesión de la autonomía había privado de sentido a su lucha, pues el único límite al autogobierno de la colonia era el mantenimiento de la soberanía española. Su publicación no tuvo quizás el eco esperado por los autonomistas.
Los sectores más radicales aprovecharon este relativo fracaso para tratar de desplazar el poder a los autonomistas históricos e imponer una negociación directa con los dirigentes separatistas. No obstante el agravamiento de la situación internacional favoreció la convergencia entre radicales y antiguos reformistas.
El escándalo suscitado por la publicación de una carta del embajador español en Washington por el New York Journal el 9 de febrero, que contenía juicios despectivos sobre el presidente McKinley, acrecentado por la explosión del Maine en los muelles de La Habana, seis días más tarde, parecían anunciar la temida intervención estadounidense.
El gobierno autonómico mantuvo su fidelidad a la metrópoli hasta el último momento, quizá porque comprendía que su suerte estaba estrechamente ligada a la de ésta. Destruida la escuadra española y ocupada Santiago, el gobierno español se vio obligado a reconocer su derrota e iniciar conversaciones de paz.
El 3 de agosto, Blanco decretó la suspensión de las sesiones de las cámaras coloniales. Ello constituía una clara indicación de que las instituciones autonómicas —al igual que los propios independentistas— quedarían al margen de las negociaciones entre España y Estados Unidos en torno al futuro de Cuba.
El desenlace de las mismas supuso la disolución de las instituciones autonómicas. El 28 de octubre, Blanco disolvió el Parlamento Insular, “de acuerdo con el parecer del Consejo de Secretarios de Despacho”.
Finalmente, el 24 de noviembre el gobierno autonómico dimitió en bloque, si bien aceptó continuar en funciones hasta que se produjera el traspaso de poderes a los Estados Unidos, que tuvo lugar el 1 de enero de 1899. De este modo, el régimen autonómico cubano llegaba a su fin, empujado por las mismas circunstancias que inicialmente habían contribuido a su creación.
