Las cortes de España dan luz verde a la formación de un gobierno autonómico en Cuba
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| Junta autonomista de Cuba |
La creación de un régimen autonómico en 1898 permitió el desarrollo en Cuba de una experiencia de autogobierno única en la historia de la isla.
La concesión de la autonomía política constituía la materialización de los sueños de autogobierno perseguidos a lo largo del siglo XIX por el reformismo antillano. Era, además, el último recurso de la metrópoli para evitar una inminente intervención estadounidense, poner fin a la insurrección y mantener, siquiera nominalmente, la soberanía española sobre la isla.
Paralelamente, el control por los revolucionarios de amplias zonas del oriente de la isla permitió la organización en ellas de una estructura paraestatal —la República en Armas— que coexistió junto al régimen autonómico y que, como éste, desaparecería tras la guerra hispano-norteamericana.
El fracaso de la vía represiva ensayada por el gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo para hacer frente a la insurrección abrió el camino para un cambio de la política metropolitana hacia la cuestión cubana. En este contexto, el asesinato del líder conservador en el verano de 1897 acabó por propiciar el relevo de los conservadores por los liberales al frente del gobierno español.
El 4 de octubre de 1897 Práxedes Mateo Sagasta formaba un gabinete en el que Segismundo Moret ocupaba la cartera de Ultramar. El nuevo gobierno nacía con el propósito de conceder la autonomía a las Antillas y tratar de evitar de este modo un probable conflicto con Estados Unidos.
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| General Ramón Blanco Erenas, capitán general de Cuba en dos ocasiones |
El nuevo gobernador encontró a su llegada a Cuba una situación cuando menos desastrosa. Nada más tomar posesión de su cargo, Erenas informó a Moret que “la administración se hallaba en el último grado de perturbación y desorden; el Ejército agotado y anémico, poblando los hospitales, sin fuerza para combatir ni apenas para sostener las armas.
A todo eso más de 300 000 concentrados, agonizantes y famélicos pereciendo de hambre y de miseria alrededor de las poblaciones; el país aterrado, presa de verdadero espanto, obligado a abandonar sus sitios o propiedades... sin otro recurso para aliviar su terrible situación que ir a engrosar las filas rebeldes”
Este era el escenario en Cuba en el momento en que el general Ramón Blanco Erenas, capitán general de la Isla por segunda ocasión y esta vez como sustituto del Mallorquín Valeriano Weyler, en cumplimiento de las ordenes dadas desde Madrid por el ministro de ultramar Segismundo Moret, se reúne con la junta autonomista Cubana presidida desde su creación por José María Gálvez y representada en Madrid por Rafael María de Labra.
Las conversaciones fueron facilitadas por la decisión del gobierno de permitir el retorno a Cuba de todos aquellos autonomistas que habían sido deportados desde el inicio del conflicto.
La junta general celebrada el 4 de noviembre por el Partido Liberal Autonomista autorizó a la dirección para cooperar con Blanco, quien —días después— procedió a nombrar nuevos gobernadores civiles para cada una de las provincias cubanas sobre la base de una lista elaborada por el propio Gálvez.
La penosa situación de muchas de las partidas revolucionarias en el Occidente y Centro de la isla, que —a diferencia de lo que sucedía en el oriente, donde el Ejército Libertador llevaba la iniciativa— se encontraban sometidas a un acoso constante por parte de las fuerzas españolas, aumentó sin duda el atractivo de estos ofrecimientos, que mermaron las filas de la insurrección y llegaron a atraer a la legalidad autonomista a cabecillas revolucionarios como el brigadier Juan Masó Parra, sobrino de Bartolomé Masó.
Así mismo los núcleos de exiliados cubanos en el extranjero tampoco fueron inmunes a la propaganda autonomista. La concesión de la autonomía provocó una importante fractura en el seno de la colonia cubana en Estados Unidos, donde los autonomistas contaban desde noviembre con un diario publicado en Nueva York para la difusión de sus ideas.
El retorno a Cuba de un buen número de inmigrados durante los primeros meses de 1898, pese a la prohibición expresa de la Delegación Cubana en Nueva York, parece probar el relativo éxito de esta propaganda.
Esta situación obligó al gobierno de la República en Armas a adoptar medidas de excepción “para evitar los efectos de esta propaganda. La fórmula utilizada fue poner de nuevo en vigor el decreto Spotorno —promulgado durante la Guerra de los Diez Años— que consistía en ejecutar sumariamente a todo aquel emisario que sorprendiera con proposiciones de este tipo.
De hecho la ejecución del teniente coronel español Joaquín Ruiz, en diciembre de 1897, contribuyó de manera importante a obstaculizar la propaganda de las autoridades autonomistas. Pese a esto, el 1 de enero de 1898 quedaba constituido con carácter interino el primer gobierno autonómico. El Ejecutivo autónomo estaba encabezado por el presidente del Partido Liberal Autónomo, José Gálvez.
Los autonomistas históricos ocupaban además la cartera clave de Hacienda, que correspondió a Montoro, así como la de Instrucción Pública, cuyo titular fue el médico Francisco Zayas. La representación del ala radical del autonomismo en este primer gobierno autonómico se limitó a Antonio Govín, que ocupó la cartera de Gracia y Justicia y Gobernación tras su regreso de Estados Unidos.
Las otras dos carteras correspondían a antiguos reformistas: el peninsular Laureano Rodríguez en Agricultura, Industria y Comercio y el líder reformista Eduardo Dolz en Obras Públicas y Comunicaciones. La composición del gobierno fue decidida por Blanco Erenas, de acuerdo con José María Gálvez y con el apoyo desde Madrid por parte de Eliseo Giberga.
Entre los mas importantes autonomistas de la época figuran Rafael María de Labra, los diputados Eliseo Giberga sobre los aspectos socioculturales y Rafael Montoro en el plano político, Emilio Terry sobre las relaciones mercantiles entre metrópoli y colonia y José Antolín del Cueto en torno a la situación financiera y administrativa de la Isla.
Giberga, Montoro y Del Cueto eran abogados, en tanto que Emilio Terry poseía el gran ingenio «Caracas» y tenía la reputación de ser el mayor propietario de la Isla. A este grupo se complementaron el abogado reformista Eduardo Dolz y del conservador españolista Tiburcio Castañeda.
REACTIVACIÓN DEL AZÚCAR Y EL TABACO
Las autoridades autonómicas prestaron especial atención a la reactivación de la producción azucarera y tabaquera, que constituía la principal riqueza de la colonia. En el primer caso, el gobierno autonómico dictó una serie de medidas destinadas a facilitar la realización de la zafra.
Estas disposiciones, unidas al debilitamiento de la presencia insurrecta en el occidente de la isla, permitieron que la zafra de 1897-1898 superara la respetable cifra de 259 000 toneladas de azúcar. Por otro lado, en febrero de 1898, se levantaron las restricciones a la exportación de tabaco a Estados Unidos.
Mientras tanto, con el fin de estimular la actividad de las fábricas tabaqueras establecidas en la isla, se suprimieron los impuestos que gravaban la elaboración de cigarros y se restableció la prohibición de importar a Cuba cualquier clase de tabaco, establecida por el arancel de 1892.
No obstante la derrota, el gobierno autonómico Cubano mantuvo su fidelidad a la metrópoli hasta el último momento, quizá porque comprendía que su suerte estaba estrechamente ligada a la de ésta. Destruida la escuadra española y ocupada Santiago, el gobierno español se vio obligado a reconocer su derrota e iniciar conversaciones de paz.
El 3 de agosto, Blanco Erenas decretó la suspensión de las sesiones de las cámaras coloniales. Ello constituía una clara indicación de que las instituciones autonómicas —al igual que los propios independentistas— quedarían al margen de las negociaciones de paz entre España y Estados Unidos en torno al futuro de Cuba. El 28 de octubre, Blanco disolvió el Parlamento Insular, “de acuerdo con el parecer del Consejo de Secretarios de Despacho”.
Finalmente, el 24 de noviembre el gobierno autonómico dimitió en bloque, si bien aceptó continuar en funciones hasta que se produjera el traspaso de poderes a los Estados Unidos, que tuvo lugar el 1 de enero de 1899. De este modo, el régimen autonómico cubano llegaba a su fin, empujado por las mismas circunstancias que inicialmente habían contribuido a su creación.
